Sí, pero... esto no puede pasar en España... ¿o sí?
Veamos paso a paso la reconstrucción de la jugada:
-La orden EHA 1217/2011 de 9 de mayo (ver en BOE) obliga en su artículo 4.1 a que las DSDT (documentación que presentan todos los barcos/aviones informando de la mercancía que van a descargar) sean presentadas por vía electrónica. Hasta aquí todo parece correcto, ya que se puede conectar por la AEAT vía web sin más requisitos que un certificado de usuario.
-La misma orden, en su artículo 4.2 aclara que las DSDT marítimas deben presentarse a través de la Autoridad Portuaria, y aquí las cosas ya empiezan a dar mala espina.
La Autoridad Portuaria, a diferencia de la AEAT, Seguridad Social y otros muchos organismos públicos, no admite envíos directos por internet con firma digital, sino que deben hacerse a través de la VAN (Red de Valor Añadido) de la empresa Portel. Tanto es así, que sin el más mínimo pudor la Autoridad Portuaria de Las Palmas menciona abiertamente a Portel en esta comunicación del 6 de junio (página 2).
Ante estos hechos, envío burofax (por supuesto con certificación de contenido) a la Autoridad Portuaria solicitando que me informen si existen otras alternativas ajenas a Portel, al que como era de esperar, sigue sin haber respuesta.
¿Conclusión? A partir del próximo 1 de julio, los consignatarios sólo tendrán dos alternativas:
- Pagar "voluntariamente" unos 70€ al mes a Portel
- Pagar las sanciones por no presentar sus DSDT por vía electrónica
O dicho de otro modo: o pagas a quien yo te diga, o no podrás cumplir con las obligaciones que yo mismo te impongo y te sancionaré. Firmado: la Administración Pública.
A modo de curiosidad, y sin que esto tenga nada que ver (por supuesto), comentaré que el 51% Portel pertenece a Puertos del Estado, y el 49% restante a Telefónica.
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